En medio de huelga prolongada, Nacional Monte de Piedad cambia de director
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
Ciudad de México.- El Patronato de Nacional Monte de Piedad anunció la designación de José Antonio Murillo Garza como nuevo director general de la institución, cargo que asumió a partir del 1 de junio en un contexto marcado por la prolongada huelga que mantiene cerradas sus operaciones desde hace más de siete meses.
De acuerdo con el organismo, el nombramiento forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la estructura institucional, modernizar procesos y ampliar el alcance de los servicios que ofrece la organización, considerada una de las instituciones de asistencia privada más importantes del país.
Murillo Garza cuenta con formación académica en economía y una trayectoria vinculada tanto al ámbito académico como al sector público. Es doctor en Economía por Rice University y ha desarrollado actividades de investigación y docencia en instituciones como El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la propia universidad estadounidense.
En el servicio público se desempeñó en diversos cargos dentro del Banco de México, donde participó en proyectos relacionados con el análisis macroeconómico y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
El presidente del Patronato, Carlos Zozaya, señaló que la llegada del nuevo director busca consolidar el proceso de modernización de la institución sin dejar de lado su vocación social y el apoyo que brinda a millones de personas en el país.
Mientras tanto, la organización continúa enfrentando un conflicto laboral que mantiene suspendidas las actividades en 302 sucursales. La huelga, iniciada hace más de siete meses, sigue sin resolverse y afecta tanto a usuarios como a trabajadores.
Aldo Torres, vocero de Nacional Monte de Piedad, explicó que, en caso de que el proceso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis del máximo tribunal se limitaría a determinar la legalidad de la huelga, sin pronunciarse sobre las demandas planteadas por los trabajadores.
Según estimaciones de la institución, un escenario de esa naturaleza podría prolongar el conflicto hasta por un año adicional. Durante ese periodo, los trabajadores sindicalizados continuarían sin percibir salarios ni prestaciones derivadas de su relación laboral.
Como alternativa para destrabar la situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó una propuesta que será sometida a consideración de los aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados.
La eventual reapertura de las sucursales dependerá del resultado de esa consulta, cuya fecha aún no ha sido definida y quedará sujeta a la convocatoria que emita la autoridad laboral.
