Venció plazo para transparentar recursos de la Fenaza: Omar Carrera

Zacatecas.- El diputado Omar Carrera, presidente de la Comisión de Transparencia en la Legislatura Local, exhortó al presidente del patronato de la Fenaza 2019 Benjamín Medrano Quezada a informar sobre los pormenores y gastos de la máxima festividad, ante el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y a los propios ciudadanos.

Informó que este miércoles se cumplen 30 días del término de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2019 y recalcó que la Ley Orgánica de Ferias marca que transcurrido dicho tiempo se tiene que rendir un informe de los pormenores y los gastos de cada evento, que según dijo, en esta edición fue de 80 millones de pesos.

El legislador, pidió que, a partir de este jueves se revise y valore la información que emita el presidente, para que se transparenten los recursos utilizados para realizar la máxima fiesta de los zacatecanos.

Asimismo, comentó que espera se exponga la información de la Asociación Civil “que fue creada por los allegados al presidente”, para que se valore la situación de la misma y se conozca su situación, respecto a la feria.

“Nosotros estamos dispuestos a recibirlo (a Benjamín Medrano) en el Poder Legislativo, siempre y cuando traiga todos los elementos comprobatorios a detalle; no importa que sea un camión lleno de documentos, yo como presidente de la Comisión de Transparencia estoy dispuesto a revisar minuciosamente documento por documento, porque estamos hablando de un recurso público de los zacatecanos”, sostuvo el diputado.

También detalló que prepara algunos caminos legales para conocer el tema de la comparecencia del contratista de Ricky Martín; “nos involucraremos en este asunto porque la legislatura tiene interés legítimo, los diputados avalamos el recurso”.

Agregó que también vigilará que se transparenten los recursos de las ediciones pasadas de la Fenaza, de 2017, 2018 y esta edición.

Recordó que aún no se dictamina la información de las pasadas ediciones, pese a que el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna ordenó a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado que se realizará dicha fiscalización.