Ilegal, acuerdo que militariza al Estado; denuncia PRD
Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su dirigencia nacional y legisladores federales, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja sobre el decreto emitido por el presidente de México, relacionado con la intervención de las fuerzas armadas permanentes, Ejército y Marina, en el que denuncian que éste viola los principios de legalidad y certeza jurídica.
La queja fue presentada el 13 de mayo y está firmada por Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada federal, Juan Manuel Fócil Pérez, senador de la República y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria de dicho instituto político.
En la queja, los perredistas, refieren que subordinar el mando civil al mando militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles, y no de militares.
Lo anterior se debe a que, si bien quedó establecido que el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, resulta alarmante que no se definan los protocolos para que dicha actuación evite la violación de los derechos humanos de los mexicanos.
Ni ese acuerdo presidencial ni la estrategia general de seguridad han definido los métodos para evitar el desbocado feminicidio, el asesinato de periodistas y de luchadores sociales, los secuestros y los frecuentes hechos de violencia que vive México, aún en las condiciones por la pandemia del coronavirus.
Sumado a lo anterior, ahora resulta que la población mexicana vive amenazada por dos enemigos mortales, la delincuencia organizada y la pandemia del Covid 19, es por ello que con urgencia se presentó dicha queja ante la CNDH.
A decir de los perredistas, el acuerdo presidencial es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes, sin embargo, el presidente y Alfonso Durazo, están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos.
La militarización se implanta en un ambiente donde la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho siguen siendo carta abierta para las fechorías de los delincuentes.
Los ciudadanos deben saber que el decreto del gobierno de México no sigue lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que el mencionado decreto presidencial carece de especificaciones y procesos que se habrían de seguir en el uso de la fuerza pública sin afectar a las personas.
“Nuestra crítica a la militarización no surge de la mala fe, sino del reconocimiento de que la estrategia militar ya fracasó desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al tráfico de drogas. La finalidad es que el presidente de la República no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque los que pagamos las consecuencias somos todos. Para evitar más sufrimiento hemos llamado a un diálogo nacional para darle una salida democrática e integral a la crisis de seguridad que estamos viviendo”.
Por último, los perredistas recuerdan que en todos los países que han optado por militarizar las funciones de seguridad pública, han aumentado las violaciones de derechos humanos y la impunidad.
