Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral ante la Cámara de Diputados

Texto: Crew Átomos

Foto: Cortesía

Ciudad de México.-

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, luego de dos días de retraso y en medio de conversaciones con partidos aliados que han manifestado reservas sobre algunos puntos del proyecto.

Con la entrega del documento inicia el proceso legislativo de discusión y análisis en el Congreso de la Unión. Para su aprobación, la reforma deberá contar con el respaldo de las dos terceras partes de las y los legisladores en ambas cámaras.

Cambios en la integración del Congreso

Uno de los ajustes centrales se plantea en la conformación del Senado. La iniciativa propone reducir el número de integrantes a 96 senadurías, eliminando las 32 que actualmente se asignan por el principio de representación proporcional. En su lugar, cada estado y la Ciudad de México elegirían dos senadores por mayoría relativa y uno correspondiente a la primera minoría.

En el caso de la Cámara de Diputados, se mantiene el total de 500 curules: 300 electas por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Sin embargo, se modifica el mecanismo para asignar estas últimas.

De acuerdo con la propuesta, 100 de los espacios plurinominales se otorgarían a las candidaturas que, sin haber ganado su distrito, hayan obtenido los porcentajes más altos de votación. Los otros 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, donde también se integrarán las diputaciones destinadas a mexicanos residentes en el extranjero.

Respecto a las candidaturas de personas migrantes, la iniciativa establece que quienes aspiren a una diputación o senaduría deberán comprobar una residencia efectiva fuera del país por un periodo mayor a tres años.

Financiamiento de partidos y fiscalización

La propuesta también contempla ajustes al financiamiento público destinado a los partidos políticos. La fórmula para calcular los recursos destinados a actividades ordinarias se reduciría, al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se prohíben las aportaciones en efectivo. Las contribuciones privadas deberán realizarse únicamente mediante transferencias electrónicas, como el sistema SPEI, o a través de instrumentos financieros nominativos. Estas aportaciones no podrán ser deducibles de impuestos.

Regulación de inteligencia artificial en propaganda

Otro apartado aborda el uso de tecnologías digitales en procesos electorales. La iniciativa establece que cualquier contenido electoral generado, alterado o manipulado mediante inteligencia artificial deberá incluir un etiquetado visible que advierta su origen.

Además, concesionarios de radio y televisión, así como plataformas digitales, tendrían la obligación de identificar contenidos sin esta advertencia, evitar su difusión y alertar a la audiencia.

También se plantea permitir el uso de herramientas tecnológicas para la emisión del voto electrónico en ejercicios de consulta popular.

Ajustes en tiempos oficiales en medios

El proyecto propone reducir el tiempo oficial que el Instituto Nacional Electoral puede utilizar en radio y televisión durante campañas electorales, el cual quedaría establecido en 35 minutos diarios.

Participación ciudadana y medidas contra el nepotismo

En materia de inclusión política, la iniciativa busca fortalecer las acciones afirmativas en la postulación de candidaturas, garantizando espacios para grupos históricamente subrepresentados, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afromexicanas, así como mexicanos residentes en el extranjero.

Asimismo, se plantea incorporar una prohibición expresa al nepotismo, para impedir que funcionarios públicos hereden su cargo de manera consecutiva a familiares.

Finalmente, el proyecto promueve mecanismos de democracia directa en consultas populares. Se plantea fomentar una discusión pública informada y prohibir la contratación de propaganda en radio, televisión u otras plataformas masivas para influir en la opinión ciudadana. Los resultados de estos ejercicios serían vinculantes siempre que participe al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal.