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Senado aprueba nueva Ley General contra la Extorsión y endurece penas

Texto: Crew Átomos

Foto: Cortesía

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 110 votos a favor, el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la cual se endurecen las penas tanto para los delincuentes como para los funcionarios públicos que permitan o faciliten este delito.

El proyecto también incluye reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Endurecimiento de sanciones

El dictamen eleva significativamente las penas por extorsión:

  • La sanción general pasa de un rango propuesto inicialmente de 6 a 15 años a un nuevo mínimo de 15 años y un máximo de 25 años de prisión.
  • La ley contempla incrementos adicionales en casos agravados.

Cuando el delito sea facilitado por servidores públicos o autoridades penitenciarias, la sentencia aumentará entre 3 y 5 años adicionales a la pena general.

Además, los funcionarios con facultades para prevenir, investigar o perseguir delitos, así como quienes ejercen impartición de justicia o vigilancia penitenciaria, enfrentarán entre 10 y 20 años de prisión si omiten denunciar ante el Ministerio Público cualquier acto de extorsión.

De igual forma, las autoridades penitenciarias o servidores públicos que permitan o faciliten la extorsión serán sancionados con 15 a 25 años de cárcel, más el incremento extra de 3 a 5 años.

Por otro lado, quien introduzca sin autorización en centros penitenciarios o de internamiento para menores cualquier dispositivo electrónico capaz de transmitir datos, voz o imágenes será castigado con 6 a 12 años de prisión.

Aplicación de recursos y destino de la minuta

En lo referente a los recursos obtenidos por decomisos o extinción de dominio en casos de extorsión, la ley establece que deberán destinarse preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.

Finalmente, debido a los cambios realizados por el Senado, la minuta será enviada nuevamente a la Cámara de Diputados, donde las modificaciones deberán ser también aprobadas.