Presenta el PRI en el senado iniciativa para restringir consultas para construcción de obras públicas

En nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, la senadora  Claudia Ruiz Massieu, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer específicamente la restricción de llevar a cabo consultas populares cuando se trate de obras de infraestructura pública de carácter federal. Desde la máxima tribuna senatorial, la lideresa del PRI denunció que la consulta popular para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, impulsada por el presidente electo, carece de los requisitos legales establecidos en la Carta Magna, es amañada, ilegal e ilegítima. Subrayó que al carecer de legalidad, este ejercicio tampoco tendrá carácter vinculante, además de ser tendenciosa. A la iniciativa se sumaron los grupos parlamentos del PAN, Verde Ecologista y el PRD.

Mensaje de la Senadora Claudia Ruiz Massieu, Presidenta del CEN del PRI, durante la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (consulta del NAIM), realizada el jueves 25 de octubre de 2018.

Con la venia de la Presidencia.

 

Compañeras y compañeros Senadores.

 

A tan sólo unas horas de que comenzara la mal llamada “Consulta Popular” sobre la continuidad de la obra del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, en el Grupo Parlamentario del PRI asumimos nuestra responsabilidad republicana y, haciendo uso de nuestras facultades legislativas, presentamos a ustedes esta Iniciativa.

Como sabemos, la figura jurídica de la consulta popular surge recientemente en nuestro marco jurídico mexicano como un instrumento de participación ciudadana de democracia directa.

La reforma Constitucional al Artículo 35 incorporó, como derecho de todos los ciudadanos, participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, por lo que se constituye como una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional sobre actos legislativos y administrativos.

Gracias a esta importante reforma, se dio una mayor estructura a la colaboración entre gobernantes y gobernados, ya que la participación permite que la ciudadanía pueda compartir y tomar las decisiones que representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto.

Las democracias consolidadas del mundo se diferencian de aquellas en construcción por contar con mecanismos que permiten una verdadera participación de la sociedad.

En este sentido, los mecanismos de democracia participativa son valiosos para fomentar la cultura democrática, generar legitimidad ciudadana y complementar el sistema representativo.

Con la Consulta Popular, tal cual se prevé en la ley, se garantiza que la voluntad ciudadana no queda sólo en papel y obliga al Gobierno Federal a su implementación; con ello perfeccionando la democracia en nuestro país.

Pero no podemos olvidar que el Constituyente buscó dar certidumbre y estabilidad a la República para evitar que tentaciones autoritarias y populistas manipulen al pueblo y pongan en riesgo los cimientos de certeza e imparcialidad sobre los que deben descansar las instituciones del Estado mexicano y todo nuestro sistema democrático.

Por eso se establecieron en el Artículo 35 los lineamientos para que las consultas sean legales y vinculantes y se dispuso cuáles son las materias que no podrán ser objeto de consulta, como la restricción de los derechos humanos, los principios del Artículo 40 de la Constitución que hace referencia a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, entre otros.

Estamos convencidos que la participación ciudadana en sus múltiples formas constituye un paso firme hacia una modernidad democrática y, que la consulta popular representa una herramienta muy útil para mejorar las expectativas sobre la eficacia del sistema político mexicano y para enriquecer el goce de las libertades individuales.

Lamentablemente, hoy se corre el riesgo de desacreditar los mecanismos de democracia participativa, a partir de un ejercicio mal planeado y peor implementado, como el que se está llevando a cabo respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Este pretendido ejercicio de participación ciudadana, está cargado de elementos ideológicos y estériles descalificaciones que solo dividen a la sociedad y la confunden. Se trata, desde nuestro punto de vista, de una maniobra política disfrazada de democracia participativa.

Pero ya no hablemos solo del fraude al 35 Constitucional. Hablemos del país que queremos ser. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México es la obra de infraestructura más trascendente de las últimas décadas.

Hablamos de una obra sin precedente, que continuará detonando nuestra competitividad en turismo, en comercio e inversión por muchos años.

Este no es un proyecto de partido; debe ser un proyecto de país cuya resolución no puede basarse en una arbitrariedad, ni tampoco definirse sin tomar en cuenta los más de 60 estudios técnicos que acreditan su viabilidad e idoneidad.

Someter el proyecto a una consulta dudosa y sin validez constitucional, cuya representatividad es cuestionable, y sin garantía del resguardo de los datos personales de quienes participan, no sólo es irresponsable, sino injusto.

760 mil personas dejarían de tener un empleo, 4 millones de personas de la zona de Texcoco dejarían de tener mejores condiciones de vida.

México dejaría de recibir 125 millones de pasajeros al año que detonarían inversión, empleo y actividad económica en todas las regiones del país y las entidades federativas no contarían con una plataforma de exportación potente para los productos mexicanos. Millones de familias de todas las regiones perderán inconmensurables oportunidades de desarrollo.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto tendría un enorme costo monetario, de oportunidad y de confianza, que el país no puede darse el lujo de pagar.

Preocupa que una decisión tan importante no se tome siguiendo un criterio técnico y jurídico, sino un criterio basado en la popularidad. Esta consulta no cumple ni con los requisitos de quién debe convocar, ni para convocar, pues no convoca ni el Presidente de la República, ni el 33 por ciento de alguna de las Cámaras, ni el 2 por ciento de la lista nominal. Convoca un partido político o un equipo de transición o ya no se sabe quién.

No cumple tampoco con los requisitos de participación para que sea vinculante, que es el 40 por ciento de la lista nominal, ya que contempla como máximo la participación del 1 por ciento de la misma, sin contar con que ahora mismo que se está desarrollando, sabemos ya que hay ciudadanos que han podido votar una, dos, tres, cuatro o más veces, aun sin presentar su credencial para votar.

No la organiza el INE, no sucede el día de la jornada electoral federal. No hay claridad en el método, en el financiamiento ni en la organización. Hay nula transparencia.

Este es un ejercicio de partido que busca legitimar una decisión discrecional y que va a tener repercusiones lamentables para nosotros, pero sobre todo para las próximas generaciones.

Nuestro Grupo Parlamentario presentó diversos puntos de acuerdo, aquí y en la Cámara de Diputados y en todos los Congresos estatales, señalando las insuficiencias legales y constitucionales. Fuimos ignorados.

Señoras y Señores.

Poco se tardó la nueva mayoría en mostrar el desprecio que le tiene a la Constitución, en mostrar lo dispuesta que está a manipular a la gente con información parcial y tendenciosa. Lo peor, es que quieren evadir la responsabilidad que supone tomar decisiones importantes y trascendentes de gobierno, escondiéndose tras consultas amañadas, sin sustento constitucional y sin legitimidad.

Si no quieren que México cuente con la infraestructura que merece un país de nuestro tamaño y proyección global, díganlo. Si quieren tomar decisiones sin sustento, que perderán vigencia en el corto plazo y que implicarán pérdidas irreparables en empleo, oportunidades, competitividad y reputación para nuestro país, háganlo.

Pero háganlo de frente y sin mentir, sin subvertir leyes, díganle de frente a los mexicanos que no quieren pensar en las próximas generaciones, ni darle a México la infraestructura de clase mundial que necesita y que merece.

Senadoras y Senadores.

Ya levantamos la voz para denunciar lo que sucede hoy, hay que evitar que vuelva a suceder en el futuro. Presentamos ante este Pleno esta iniciativa, con la que se busca reformar el Artículo 35 constitucional, que merece la pena leer, Senadoras y Senadores, para establecer específicamente la restricción de llevar a cabo consultas populares cuando se trate de obras de infraestructura pública de carácter federal.

No podemos permitir que se vuelvan a presentar supuestas consultas ciudadanas que generan desconfianza y polarización social.

Muchas Gracias.