Escala en el Senado polémica por operativo en Chihuahua
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
México.- La presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua llegó al Senado, donde legisladores de Morena señalaron posibles violaciones a la Constitución por parte de autoridades estatales, incluida la gobernadora María Eugenia Campos.
Durante la sesión, senadores del partido guinda advirtieron que la actuación de funcionarios locales podría derivar no solo en responsabilidades políticas, sino también en consecuencias penales, al considerar que se habrían vulnerado disposiciones relacionadas con la soberanía nacional.
El tema generó un intenso enfrentamiento entre Morena y el PAN. Mientras los primeros cuestionaron la falta de claridad en torno a la presencia de agentes extranjeros, legisladores panistas salieron en defensa de la mandataria estatal, argumentando que su actuación respondió a la necesidad de atender un problema de seguridad.
La ausencia de Campos a una reunión convocada en el Senado avivó la discusión. La gobernadora decidió no acudir bajo el argumento de que su participación podría comprometer información sensible vinculada a investigaciones en curso. Sin embargo, el hecho de que su postura se diera a conocer primero en medios de comunicación provocó críticas entre legisladores.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, lamentó no haber sido informado directamente y calificó la situación como reflejo de un problema institucional. En tanto, desde las comisiones legislativas se insistió en que cualquier acción que implique colaboración con instancias extranjeras debe apegarse estrictamente al marco constitucional.
En el debate también se cuestionaron versiones contradictorias ofrecidas por autoridades estatales, así como la intención de atribuir responsabilidades a funcionarios fallecidos en el accidente donde perdieron la vida dos ciudadanos estadounidenses y un mando de seguridad local.
Por su parte, senadores panistas, entre ellos Ricardo Anaya, señalaron que la convocatoria tenía un carácter político y acusaron que se pretendía responsabilizar a la gobernadora por recibir información que permitió desmantelar un laboratorio clandestino.
Finalmente, legisladores advirtieron que la creación de instancias locales para atender delitos de carácter federal podría representar una invasión de competencias, por lo que llamaron a que las investigaciones sean conducidas por las autoridades correspondientes y con apego al marco legal vigente.
