Avala Senado “Plan B” electoral; revocación de mandato se queda sin cambios
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, pero dejó sin cambios el artículo 35 de la Constitución, por lo que la consulta de revocación de mandato se mantiene como está actualmente y se realizaría hasta 2028, no en 2027.
La aprobación se dio tanto en lo general como en lo particular con 87 votos a favor y 41 en contra. Esto ocurrió luego de que el Pleno avalara una reserva presentada por el Partido del Trabajo (PT), mediante la cual se eliminaron las modificaciones propuestas en torno a la revocación de mandato.
De acuerdo con legisladores, la decisión de retirar los cambios al artículo 35 respondió a un acuerdo político entre Morena y el PT, con el objetivo de mantener la unidad dentro de la coalición gobernante.
Aunque la reforma avanzó gracias a la mayoría calificada de Morena, el Partido Verde y el PT, este último marcó distancia en el tema de la revocación de mandato. El dirigente del PT, Alberto Anaya, señaló que respaldaron el dictamen en lo general —particularmente en lo relacionado con medidas de austeridad—, pero no apoyaron la posibilidad de que la Presidenta promoviera este ejercicio en 2027.
“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35. Estaremos firmes con Claudia Sheinbaum hasta 2030; la coalición se mantiene unida”, afirmó.
Finalmente, el Senado aceptó la propuesta de la senadora Liz Sánchez (PT) para retirar todo lo relacionado con la revocación de mandato. La legisladora argumentó que este mecanismo debe conservar su carácter democrático y no vincularse con los procesos electorales intermedios.
Entre otros puntos, la reforma contempla la reducción del presupuesto en el Senado y en los congresos locales, límites al número de regidores —que oscilarían entre siete y 15 por ayuntamiento—, la eliminación de prestaciones consideradas excesivas para consejeros y magistrados electorales, ajustes salariales para funcionarios públicos y la prohibición de seguros pagados con recursos públicos.
