Aprueban en comisiones del Senado el “Plan B” electoral
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
Ciudad de México.- Con 24 votos a favor y 11 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma electoral conocida como “Plan B”, la cual ahora avanza en su proceso legislativo.
Entre los puntos centrales del dictamen destaca la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal participe en la promoción del proceso de revocación de mandato, el cual podría llevarse a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno y coincidir con los comicios intermedios.
La propuesta también incluye cambios en la integración de los ayuntamientos, al establecer un tope de una sindicatura y hasta 15 regidurías, además de fijar límites al gasto de los congresos locales y a los salarios de funcionarios electorales tanto a nivel nacional como estatal.
Durante su análisis, el documento fue modificado respecto a la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque en un inicio se planteaba eliminar criterios de paridad en cargos municipales, la versión aprobada incorpora principios como igualdad sustantiva, perspectiva de género y paridad en la integración de los gobiernos locales.
El debate se prolongó por cerca de tres horas y evidenció la división entre las fuerzas políticas. Morena y el Partido Verde respaldaron la reforma, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. En tanto, legisladores del Partido del Trabajo no participaron en la discusión ni en la votación.
El PT ha expresado reservas sobre la coincidencia de la revocación de mandato con elecciones intermedias, al considerar que podría generar ventajas indebidas para quien ocupe la Presidencia.
En cuanto a los cambios constitucionales, se plantea que la solicitud de revocación solo pueda realizarse una vez y dentro de los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno, con una jornada programada para el primer domingo de junio.
Asimismo, se permitiría que la persona sujeta a este ejercicio promueva la participación ciudadana, aunque sin recurrir a tiempos oficiales ni contratar propaganda. También se establece la suspensión de difusión de propaganda gubernamental en los 60 días previos a la votación.
Por otra parte, se propone que el presupuesto de los congresos estatales no supere el 0.7 por ciento del gasto total de cada entidad, además de garantizar criterios de paridad y equidad en su integración.
Finalmente, el dictamen contempla que las remuneraciones de consejeros y funcionarios electorales no rebasen el salario de la Presidencia de la República.
