Llama CDHEZ a garantizar derecho a la salud

Ma. de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el contexto por COVID-19” de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), mismo que fue celebrado de manera virtual con la participación de los 32 ombusdperson de los estados y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención, De la Luz Domínguez Campos destacó que ante el contexto de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), es importante que las autoridades en materia de salud, atiendan de manera integral a todas y todos los pacientes, incluyendo a los que sufren de enfermedades crónico degenerativas o en situación de emergencia clínica, a quienes disminuyó su prioridad de atención ante el cuidado de pacientes del COVID-19.

Enfatizó que el desabasto de medicamentos, falta de personal médico especializado y el retaso de estudios clínicos especializados en las diferentes instituciones de salud pública del país, ya se había manifestado previo a la pandemia, sin embargo, durante la misma se agudizó a tal grado que, muchas de personas que acuden al hospitales no son atendidas de manera inmediata y oportuna.

Además aquellas personas que padecen enfermedades crónico degenerativas como cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, lupus, artritis, parkinson, epilepsia, entre otras, no han recibido sus medicamentos, a pesar de ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), o de los Servicios de Salud estatales.

La Ombudsperson hizo un llamado a las autoridades para garantizar el derecho de acceso a la salud y la vida de los pacientes, ya que esta problemática coloca a los pacientes en una situación de riesgo, al no ser atendidos de manera inmediata, ni recibir el medicamento de manera oportuna, lo que ocasiona el deterioro en su salud, ya que en muchos de los casos, son personas que no pueden contratar servicios médicos especializados privados, ni adquirir los medicamentos en el mercado debido a su alto costo, y esperan que las instituciones de salud cumplan eficientemente con su responsabilidad.

En este contexto el Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Sr. Cristian Roberto Morales Fuhrimann, señaló que esta problemática no es una situación exclusiva de México, sino que en toda América Latina se ha presentado la no atención de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, debido a la reconversión de hospitales y la utilización del personal médico para atender enfermos de COVID-19, lo que ha representado una merma en la capacidad de respuesta del sistema de salud nacionales y estatales.

Refirió que muestra de lo anterior, es que el 49 por ciento de los países no prestan servicios de salud de primer nivel, en 5 países se han propuesto campañas de vacunación de sarampión, el 100 por ciento de los países han reportado reducción en los tratamientos ambulatorios de Tuberculosis, en 7 países han reducido las pruebas de VIH o presentan desabasto de las mismas, y todo esto en un escenario de intensificación de ciclos epidémicos de COVID-19 y afectaciones multidimensionales que impactan mayormente a la población con bajos ingresos. 

En su ponencia sobre el Panorama general de la situación e impactos de COVID-19 en México, el Sr. Cristian Roberto Morales destacó que en la actualidad “no hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni inmunidad de rebaño”, por lo tanto, la estrategia para enfrentar esta pandemia mundial, es construir sistemas de salud universales y resilientes, a través de un acceso universal a la salud y cobertura universal de salud.

Lo anterior implica reorganizar los servicios de salud y planear el incremento de personal de salud; mantener la prevención y control de infecciones en todos los servicios de salud; optimizar el manejo clínico durante la atención, asegurar la cadena de suministros y abasto de medicamentos; proteger a los trabajadores de la salud en el trabajo y la comunidad; reducir la transmisión implementando el distanciamiento social; detectando, aislando y atendiendo los casos positivos previniendo complicaciones de COVID-19. 

Añadió, que esto será posible si los sistemas de salud colocan en el centro de la actuación institucional los derechos humanos y el derecho a la salud, mediante el incremento de la inversión y aumento del gasto público en materia de salud, hasta por lo menos un 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).