Cámara de Diputados avala ley para sancionar la extorsión; aumentan las penas
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta devuelta por el Senado que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con penas que alcanzan hasta los 42 años de prisión.
El Pleno aprobó con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
La nueva ley establece que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y una multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La nueva normativa deberá ser aprobada por la mayoría de congresos locales. De esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum estará próxima a publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El dictamen aprobado por el Congreso endurece las sanciones: ahora la ley establece una pena de prisión de al menos quince años como mínimo y hasta veinticinco años como máximo para quienes sean declarados culpables de este delito.
Esta decisión eleva considerablemente los umbrales propuestos originalmente, que preveían sanciones de seis a quince años de cárcel.
Las modificaciones afectan únicamente al primer artículo del decreto, correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La reforma no reduce los tiempos de cárcel. Por primera vez, el texto del proyecto obliga a que las autoridades responsables actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una disposición que no figuraba en la minuta proveniente de la colegisladora.
Para fortalecer la investigación y persecución de este ilícito, se establece que las fiscalías, tanto federales como locales, deben contar con unidades especializadas, personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado en delitos de extorsión.
La iniciativa contempla incrementos de penas en situaciones agravantes. Cuando el acto de extorsión es facilitado por servidores públicos o por autoridades penitenciarias que consientan las condiciones o medios para que se perpetren estos crímenes, la sentencia se eleva: se añade un castigo extra de tres a cinco años, además del rango general de quince a veinticinco años de prisión.
A su vez, el dictamen prescribe que los funcionarios encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos, así como de la impartición de justicia o vigilancia en centros penitenciarios, que omitan denunciar ante el Ministerio Público actos de extorsión, enfrentarán diez a veinte años de prisión.
Por otra parte, para quienes introduzcan sin autorización a centros penitenciarios o de internamiento para menores cualquier dispositivo electrónico capaz de transmitir datos, voz o imágenes por cualquier tecnología, la sanción será de seis a doce años de cárcel.
En cuanto a la aplicación de los recursos económicos generados por procedimientos de decomiso o extinción de dominio derivados de casos de extorsión, se puntualiza que preferentemente se destinarán a la restitución de los derechos de las víctimas.
