Ampliarán denuncias por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Fresnillo
Texto: Crew Átomos
Foto: Cortesía
Fresnillo, Zac.- En entrevista con medios de comunicación, el diputado local por el Distrito de Fresnillo, Martín Álvarez Casio, anunció que presentará una ampliación de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), por presuntos actos de corrupción y faltas administrativas graves cometidas por el actual gobierno municipal.
“Nos quedamos cortos la otra ocasión, ahora queda demostrado el derroche y la frivolidad de este gobierno”, expresó Álvarez Casio al referirse a nuevos hallazgos en el manejo de recursos públicos por parte de la administración del alcalde Javier Torres.
Entre las irregularidades documentadas, el legislador señaló pagos excesivos como 4.2 millones de pesos por la impresión de recibos del predial, 3.2 millones por otros conceptos de papelería, 1.7 millones en celofán y más de un millón en un solo servicio de cafetería. Todos estos gastos, aseguró, están respaldados con documentación oficial.
Asimismo, denunció que varias de estas erogaciones se realizaron a empresas previamente señaladas, cuyos representantes legales tienen vínculos familiares con funcionarios de primer nivel del gobierno municipal, y que ascienden a un monto de 8.6 millones de pesos.
Álvarez cuestionó el doble discurso del alcalde, quien, por un lado, afirma no contar con recursos para atender demandas ciudadanas y, por otro, autoriza gastos millonarios en beneficio de empresas relacionadas con su círculo cercano.
“Mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es firme. Como integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso seguiré impulsando acciones para que se investigue a fondo el destino del dinero público, pese a los intentos del alcalde y su equipo por desacreditarme”, afirmó el diputado.
Finalmente, respecto a la controversia por la reciente adquisición de una camioneta de lujo por parte del edil, Álvarez Casio adelantó que solicitará una investigación formal ante la Secretaría de la Función Pública para verificar la legalidad de dicha compra.
