Van contra Aceves Sánchez, líder del “Cártel de las Luminarias” Cabildo de Jerez presenta denuncia ante la FGJEZ
por: Crew Átomos
Fotos: Cortesía
Jerez, Zac.-
El presidente municipal de Jerez, Humberto Salazar presentó ante el cabildo la denuncia penal en contra de la empresa DYH MEXICANA S.A de C.V y/o su representante Legal, al ex Presidente Municipal Antonio Aceves Sánchez, ex Tesorero Municipal Jesús Rodríguez del Muro, y funcionarios públicos de la Administración (2018-2021), por los delitos relacionados con hechos de corrupción, fraude y el que resulte; dicha querella fue presentada en fecha 15 de Mayo del año 2024 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
El presunto ilícito que va en perjuicio de H. Ayuntamiento y el pueblo de Jerez se basa en una compra-venta de las luminarias, “nunca sirvieron, y del cual se desprende un adeudo millonario que el municipio tiene que pagar”. Aseguró Humberto Salazar.
Cabe resaltar que dichas luminarias con supuesta tecnología led, no cumplieron con las expectativas anunciadas en la administración en mención, por lo que barrios, colonias y comunidades siguen en espera de atención en el tema de alumbrado público.
El cabildo aprobó por unanimidad que sea la síndica Municipal quien ratifique la denuncia formalmente presentada ante la Fiscalía y que una vez hecho lo anterior informe al cabildo.
Así mismo, al expresidente Antonio Aceves Sánchez y su tesorero en turno Jesús Rodríguez del Muro, tendrán que comparecer ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), en cumplimiento con lo establecido por la ley Orgánica del Estado de Zacatecas y el código penal.
Aceves Sánchez, líder del “Cártel de las Luminarias”
Este hecho, que fue presentado en nuestra #InvestigaciónEspecial de “El Cártel de las Luminarias”, detalla que:
Hasta abril de 2024, tan solo 4 años después del inicio de este proyecto, la Secretaría de Servicios Públicos de Jerez ha reportado la baja de entre 20 y 25% de las luminarias colocadas por la administración de Antonio Aceves.
Estas pérdidas representarían al municipio un monto aproximado de 8 MDP, cantidad similar que le ha pagado el municipio a la entidad bancaria a la que le solicitó el empréstito; lo que se traduce a un claro delito contra el municipio.
