Ricardo Monreal va por reforma contra maltrato y abuso a adultos mayores
Ciudad de México.– El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa de reformas constitucionales para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato y abuso contra personas mayores, además de consolidar un sistema integral para atender y proteger a dicho sector de la población.
La propuesta de modificaciones al artículo 4 constitucional prevé establecer el derecho de las personas mayores a disfrutar una vida plena, independiente y autónoma, así como a recibir un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
“El Estado debe asumir la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de ese sector, con el fin de contribuir a su total y efectiva inclusión, integración y participación en la sociedad”, puntualizó el legislador.
Planteó para ello la necesidad de que los tres órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que atenten contra la seguridad e integridad de las personas mayores, tales como el maltrato o el abuso en su contra.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2050 habitarán en México más de 150 millones de personas, de las cuales 21.5 por ciento, es decir, 32.4 millones, tendrán más de 60 años de edad.
“Si bien en nuestro país las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, aún predomina un modelo legal y político de atención que las considera con un enfoque de asistencia social y no como sujetos de derechos”, indicó.
En ese contexto, se busca también modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una Ley General de los Derechos de las Personas Mayores que defina las obligaciones concretas del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en esta materia.
Según Monreal, la iniciativa se suma a la reciente reforma constitucional para reconocer el derecho de las personas mayores a recibir una pensión por parte del Estado, su incorporación a diversos programas sociales y su inclusión como grupo prioritario en el proceso de vacunación contra covid-19.
“Con ello se da un paso definitivo para determinar, entre otros aspectos, los mecanismos para hacer exigibles dichos derechos, los procedimientos para evaluar su eficacia y las consecuencias o sanciones en caso de incumplimiento”, subrayó.
