Geovanna Bañuelos asegura mejoras en Ley General de Educación Superior
Ciudad de México. –
Geovanna Bañuelos de la Torre Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo logró eliminar la evaluación punitiva a docentes universitarios de la Ley General de Educación Superior y el reconocimiento de sus derechos laborales, mediante modificaciones a los artículos 2 y 60 de dicho ordenamiento.
Durante la discusión de la ley que expide la Ley General de Educación Superior y que abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, los integrantes del Partido del Trabajo en el Senado aseguraron que la nueva ley garantizará que la oferta educativa atienda las necesidades reales de los niveles locales, estatales, regionales y nacionales, además de la formación de profesionistas e investigadores para el desarrollo sostenido de México.
“Es lógico que hoy tengamos un sistema de educación básica donde logramos eliminar la evaluación que acosa al gremio educativo y a la vez se busque incorporar en esta ley esta figura que a todas luces es una afrenta a la educación y su cuerpo docente”, mencionó al fundamentar la propuesta que fue avalada por el Pleno.
Subrayó que es necesario reconocer el esfuerzo, entrega y dedicación que los más de 2 millones de profesores han demostrado a lo largo de esta crisis sanitaria; “no han dejado de brindar su cátedra y enseñanza a la comunidad estudiantil”.
La propuesta de reserva al artículo 2 de la ley, presentada por el senador Miguel Ángel Lucero Olivas también fue aprobada por el pleno y contribuye a dar certeza laboral al personal universitario, tanto académico como administrativo, al armonizar las relaciones laborales de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a las que la ley otorga autonomía, con la fracción VII del Artículo 3o. Constitucional.
Por otro lado, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reservas donde se proponía incorporare en los artículos 64 y 65 de la Ley General de Educación Superior, revisar el porcentaje con el que concurren las entidades federativas en relación con la aportación federal.
La finalidad era garantizar que las universidades públicas cuenten con recursos suficientes y garantizar la operatividad financiera de 21 universidades autónomas de las 35 que actualmente existen en el territorio mexicano, entre ellas, la Universidad Autónoma de Zacatecas.
