Caballo de Troya: la crisis que heredaron Ricardo, Amalia y Miguel
Como cada año, en Zacatecas asistimos al ritual de la crisis de recursos del sector educativo. Frentes sindicales han ido y han regresado. Pliegos petitorios se han satisfecho y nuevos han nacido. Sustancialmente nada ha cambiado, excepto el set teatral en que cada conflicto se desarrolla.
Por vez primera un gobierno de izquierda accedió al poder presidencial. Sus intentos por modificar el estado de cosas, y regresar los privilegios de otras que anteriormente fueron suprimidas, le da una pincelada particular al nuevo momento político.
No obstante, la realidad se impone: el presupuesto para la nómina magisterial nunca es suficiente. Diagnósticos sobran. En cada sexenio se ha insistido en el meollo del tema, sin variar más que en las cifras económicas que requieren los trabajadores de la educación.
Lo anticiparon hace un par de años dos ex secretarios de educación, en entrevista para El Diario NTR Zacatecas, publicada un 20 de octubre de 2016. En ella, Marco Vinicio Flores Chávez fue muy claro:
“El pago de salarios y prestaciones para 9 mil maestros era absorbido por el Estado y se cubría con las economías generadas, que entonces sumaban hasta 650 millones de pesos, junto con los apoyos federales de fin de año, que llegaron a ser de hasta mil 700 millones de pesos.
“Sin embargo, tras la reforma educativa, el gobierno federal retuvo las economías de educación y no las devolvió a las entidades; además, limitó la entrega de apoyos para cubrir las prestaciones de los maestros estatales.”
Las 9 mil plazas a las que hizo referencia en el diálogo con NTR, dijo, fueron creadas en los gobiernos de Ricardo Monreal Ávila y Amalia Dolores García Medina. Todas y cada una de estas homologaron las prestaciones que fueron otorgadas durante el mandato del fresnillense.
Entre algunas se encuentran, a diferencia del magisterio a nivel nacional, los 90 días de aguinaldo que se embolsan los docentes zacatecanos. Una canonjía otorgada que, incluso sabiendo nunca tuvo sustento presupuestal, en su conocida lógica populista fue promovida por Ricardo Monreal.
Quincenas extras por el día del maestro, pago de permisos económicos no disfrutados, prerrogativas por firma de minutas, completaron el panorama que años más tarde se convertiría en la sempiterna crisis del ramo educativo. En total: 580 días de pago por maestro, de acuerdo a Marco Vinicio.
Y lo confirman los docentes y sus sindicatos. En total agradecimiento a una medida qué más tarde produciría déficit financiero, el magisterio zacatecano recuerda al ex gobernador Ricardo Monreal como “quien más hizo” por los maestros.
Años más tarde, en plena Cuarta Transformación, ningún otro gremio, ningún otro trabajador goza de los privilegios que el magisterio defiende hoy con argumentos alejados de los orígenes del problema. Argumentos, por cierto, propiciados por los enemigos de los Monreal, los “históricos” de Morena Zacatecas.
La Federación nunca estuvo en condiciones ni en voluntad de retomar la bomba de tiempo que tenía como detonante los “derechos ganados” de un magisterio que entregó su poder político a Ricardo Monreal y a Amalia García, con tal de mantener los privilegios presupuestales.
Miguel Alejandro Alonso Reyes hizo lo propio al contratar fuertes empréstitos para pagar el déficit financiero que su “gran amigo” Enrique Peña Nieto no quiso atender. Hoy, los sindicatos acusa de ladrón y corrupto a quien endeudó el estado para que los maestros mantuvieran prestaciones laborales que ningún otro trabajador de Zacatecas o del país mantiene. ¿A quién le damos la razón?
La Federación nunca aceptó el traslado de plazas estatales por dos razones: 1) por la carga obesa de prestaciones que se concedieron con Ricardo y Amalia, y 2) porque la federación advirtió que únicamente podría soportar la carga financiera de algunos espacios laborales.
Los restantes fueron a dar a los subsistemas educativos, pero con el mismo nivel de prestaciones y presupuestos insuficientes. La recaudación local siempre estuvo lejos de amortiguar los gatos de nómina educativa.
En descargo, el gobierno federal le recordó a Zacatecas las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, en las que establece que la Federación únicamente apoyaría a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de nómina de las plazas que les transfirieron a las administraciones locales. Ni una más.
De acuerdo con Marco Vinicio Flores, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes pidió a su “gran amigo” Enrique Peña Nieto, en la pasada reforma educativa, que “se nos regresaran las economías, se regularizaran los apoyos y mejoraran los paripasos, pero no logramos ningún acuerdo.”
Ante la gestión que concluyó en fracaso, Zacatecas tuvo que sostenerse mediante deuda. La negativa de apoyo por parte de Peña Nieto es a lo que el gobernador Alejandro Tello Cristerna ha llamado “incumplimiento” y falta de “reciprocidad” del gobierno del mexiquense, a quien no reclamó por la misma prudencia que muestra en el trato correcto, por ejemplo, con la y los exgobernadores. Incluso si el exceso de tacto lo lleva a cargar bastante desgaste.
Ahora, en un movimiento propagandístico que tiene como fin vender la idea de que sólo quien metió al estado en el atolladero puede ayudarlo a salir de él, el monrealismo se solidariza con Zacatecas en las gestiones que hace semanas, aseguró, haría desde su lugar en el Senado.
Basta leer la portada y los interiores de El Sol de Zacatecas del pasado miércoles 12 de diciembre, donde el mensaje y el mensajero fueron muy claros (casi evidentes). En el silencio y el ostracismo siguen Miguel Alonso y Amalia García.
#Casualidades: Y mientras José Virgilio Rivera Delgadillo desde la Ciudad de México se desentiende del IEEZ tocando a las puertas de la Cuarta Transformación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de María de la Luz Domínguez Campos estaría por validar una recomendación sensible por acoso laboral en el Instituto Electoral.
No sólo hay un sustancioso expediente en contra de los excesos al personal que cometió la Directora Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Yazmín Reveles Pasillas. De por medio hubo un acuerdo incumplido por el Consejo General del Organismo Público Electoral.
Sucede que los consejeros procedieron a ratificar a la directora en su puesto, bajo la condición de que brindara “un trato respetuoso a todo el personal del Instituto Electoral, y en particular al de su área de trabajo, en virtud de antecedentes de trato inapropiado”. De por sí grave que se aprobara un acuerdo con esas características.
Además, en el mismo acuerdo ACG_IEEZ-078/VI/2015 el Consejo General se comprometió también a revalorar la continuidad de Yazmín Reveles al frente de la Dirección de Organización, “al término del proceso electoral” 2016.
Acuerdo que no cumplieron, como lo confirmó el Secretario Ejecutivo, Juan Osiris Santoyo de la Rosa, en el oficio IEEZ-UT/230/2018.
La Comisión Estatal ha calificado los hechos de la directora como presuntas Violaciones al Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en su modalidad de violencia laboral. Por ello, el IEEZ ha intentado pagar -con dinero público- a la persona afectada para que se desista del procedimiento.
No obstante, ya poco margen de ayuda le sobra a la consejera Adelaida Ávalos Acosta para mantener en su puesto a Yazmín Reveles (sobrina del exdiputado Samuel Reveles Carrillo), como así lo decidió estando al frente de la Comisión de Organización donde pasó por alto las diversas anomalías.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene los ojos puestos en las anomalías dentro del Instituto Electoral. Aún así presuma la sobrina del ex diputado que la ombudswoman es su amiga y por ello no procederá en su contra.