Toman protesta a magistrados del TSJEZ
Texto: Crew Átomos
Fotos: Cortesía
Zacatecas, Zac.- En una segunda sesión realizada durante este miércoles, con carácter de solemne, los diputados integrantes de la Comisión Permanente tomaron protesta a la Lic. Verónica Muñoz Robles y al Dr. Ricardo Humberto Hernández León, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Universalidad de los planes y programas provenientes de organizaciones migrantes
Asimismo, el diputado Jesús Badillo Méndez propuso una adición al párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de incluir que el Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales deberán implementar y aplicar de manera universal todos los planes y programas sociales que provengan de las organizaciones de zacatecanos migrantes radicados en el extranjero.
Según informes estadísticos, Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria, seguida de Guanajuato y Michoacán; esta situación ha generado la implementación de programas sociales como el denominado 2X1 para Migrantes, el cual tiene por objeto apoyar a las organizaciones de migrantes zacatecanos radicados en el extranjero, para la aplicación de proyectos en sus comunidades de origen, brindando asesoría y orientación en coordinación con las instancias correspondientes, para contribuir a fortalecer la participación social e igualdad mediante la inversión complementaria de recursos por parte de los gobiernos.
Reforma al Código Penal
En su oportunidad, el legislador Jesús Padilla Estrada dio a conocer la iniciativa con proyecto de decreto por el que plantea reformar las fracciones XI y XII y adicionar la fracción XIII al artículo 194, y reformar el primer párrafo del artículo 195 del Código Penal para el Estado de Zacatecas.
Con estos cambios, se establecerá dentro de las causales del delito de abuso de autoridad, el retener las contribuciones de seguridad social o los impuestos correspondientes a los servidores públicos y teniendo el deber de enterar a la autoridad competente no lo haga; dicho delito se castigará con prisión de 1 a 8 años y multa de 50 a 200 cuotas, así como destitución del empleo.