Propone Geovanna Bañuelos crear Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos
Ciudad de México. – La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien encabeza el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, con el objetivo de combatir los crímenes cibernéticos.
Bañuelos explicó, que la reforma propone modificar los artículos 11, 14 y bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de facultar a esta institución en la investigación, prevención y persecución de delitos informáticos.
De ser aprobada la iniciativa, la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos deberá presentar un informe mensualmente al titular de la FGR, sobre las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones y las determinaciones o procesos según sea el caso.
Además, deberá presentar un informe anual al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos informáticos y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública.
Asimismo, deberá entregar un informe sobre actividades y resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La senadora refirió que México es el tercer país a nivel mundial con el mayor número de delitos cibernéticos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fraude cibernético durante el primer trimestre del año 2019 incrementó en un 35% en relación con el 2018.
Recordó el caso más reciente donde se vio afectado el Estado mexicano, cuando la red interna de Petróleos Mexicanos fue víctima de ataques cibernéticos y los agresores solicitaron a la paraestatal un pago de cinco millones de dólares.
“Dicho ataque obligó a Pemex a apagar sus equipos de cómputo en todo el país, durante horas, inhabilitando los sistemas de pagos”, mencionó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.
