Gabriel Contreras Velázquez ¿El magistrado de Morena?
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas está pagando los platos rotos del magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez. Su campaña a la reelección, que obligadamente atraviesa el consenso en el Senado de la República, comienza a afectar la imagen y credibilidad de la institución.
La Sala Regional Monterrey, este fin de semana, revocó la sentencia propuesta por Alvarado Sánchez para modificar la asignación de diputados de representación proporcional en la LXIII Legislatura. Los argumentos de los magistrados Yairsinio David García Ortiz y Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossman evidenciaron el gesto de genuflexión que Juan de Jesús rindiera al nuevo partido en el poder, Morena.
Atenido a que el porcentaje de votación de la Regeneración Nacional no era proporcional con la cantidad de curules obtenidas, a criterio de la Sala Regional, el proyecto del magistrado Alvarado Sánchez generó perjuicio al derecho electoral del Partido de la Revolución Democrática al voto pasivo.
De origen, y con un modus operandi que le es conocido a “Chuy” Alvarado, la autoridad jurisdiccional realizó una indebida suplencia de la queja, subrogando el papel de los promoventes (Morena y Priscila Benítez Sánchez) al configurarles y analizarles ex officio un agravio no expresado.
De esta manera, el Tribunal Electoral de Zacatecas distorsionó “el sistema de representación proporcional incluyendo una nueva regla no fijada en los límites constitucionales y legales, pues realiza una función legislativa que no le está conferida, al establecer una regla de asignación que no se encuentra prevista en la ley”, amparado en jurisprudencia no aplicable al caso.
La tarea del TRIJEZ era verificar si la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional que hizo el Instituto Electoral era indebida o se encontraba fuera de los parámetros constitucionales. Contrario a esto, el Tribunal extra limitó sus funciones y arbitrariamente fue directo a otorgarle una curul más a Morena. Los intereses entonces se visibilizaron.
En el colmo de los hechos, el proyecto de Alvarado Sánchez incluso pretendió colocar al PRD como fuerza minoritaria, cuando en realidad fue el Partido Nueva Alianza quien menor porcentaje de votación registró en la pasada elección. Esto porque el TRIJEZ adujo que los triunfos de mayoría relativa del Sol Azteca no los dejaba sin representación. Vaya, una serie de tropiezos y atropellos constatables.
No obstante, la Regional Monterrey resarció el desequilibrio en la representación de las fuerzas políticas de la próxima Legislatura local, no sin antes constatar un uso faccioso de la justicia, en una sentencia que tenía como objeto invalidar la soberanía popular manifiesta en las urnas, y desde las oficinas del TRIJEZ repartir las curules.
Motivar las decisiones institucionales en la sobrevivencia de la carrera judicial de Juan de Jesús, y con ello trastocar la integración de un poder de estado, habla de compromisos que a quien dañan es a la credibilidad y legitimidad de la autoridad jurisdiccional. El Tribunal local está obligado a blindar sus procedimientos, y acotar los esfuerzos de quien pretende utilizar a la institución para garantizar su reelección.
Hoy las autoridades electorales franquean momentos de duda y desconfianza. La sentencia absolutoria que promovieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rayando los últimos minutos del pasado viernes, llena de opacidad toda una estructura de financiamiento paralelo promovida por Morena, bajo el supuesto de un Fideicomiso altruista después de los sismos del 19 de septiembre de 2017.
El mismo magistrado (en acuerdo con Miguel Alejandro Alonso Reyes) que anuló el triunfo de María Soledad Luévano Cantú en la capital hace un par de años, Reyes Rodríguez Mondragón, es quien ahora rescata a la Regeneración Nacional de una multa millonaria que en realidad representa un golpe a la “honorabilidad” del partido de la “honestidad”.
El Instituto Nacional Electoral removió todo el entramado de juegos subrepticios con los que Morena se allegó de recursos, que no sabemos a ciencia cierta si fueron a parar a los bolsillos de los afectados por los sismos en distintos puntos del país. Y los damnificados hasta ahora no han atinado a demostrar los recursos que recibieron y de parte de quién los obtuvieron.
No solo resultaba ilegal la entrega de recursos distribuidos por el partido, en un fideicomiso aprobado por el Consejo Nacional de Morena; además, los depósitos en efectivo se realizaron uno tras otro con diferencia de minutos, cuando las normas del fideicomiso prohibían el ingreso de dinero en forma de esos depósitos.
Las personas morales también excedieron el tope de aportaciones a “Por los demás”, y las contribuciones de personas físicas nunca fueron reportadas al INE. Conductas evidentemente punibles, que Reyes Rodríguez creyó más prudente calificar como una investigación no exhaustiva, sin garantizar la reposición del procedimiento ni la máxima publicidad del fideicomiso.
No importando ello, ahora Ricardo Monreal Ávila afirma que el INE hizo “un oso” al haberse atrevido a investigar y castigar una trama financiera turbia, en donde, al final del día, Morena ni entregó su dinero de campaña a los damnificados, ni transparentó el flujo de dinero que recibió de terceros para “actividades altruistas”.
#Casualidades: Como aquí lo advertimos, era cuestión de días para que el TRIJEZ dictaría sentencia contra Víctor Carlos Armas Zagoya por infringir el artículo 134 constitucional, al realizar promoción personalizada con propaganda gubernamental.
El Procedimiento Especial Sancionador que promoviera la neo priista, ex morena, Gabriela Maricela García Perales, vuelve a su punto inicial, cuando el candidato derrotado -ahora metido de restaurantero para rescatar las finanzas de Marcelo Enrique Windler Fajnsod– fuera sancionado por el Tribunal a principios de marzo bajo las mismas causales.
En la cadena de impugnaciones la Unidad de lo Contencioso del IEEZ auscultó a fondo, por mandato de la Sala Regional Monterrey, el posible uso de recursos públicos para promocionarse, situación que en un primer momento Víctor negó, y que las pesquisas demostraron ser cierto.
Nuevamente toca a la Secretaría de la Función Pública, y al gobernador Alejandro Tello Cristerna, proceder contra el otrora funcionario al demostrarse diversas ilegalidades del titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente en el marco del proceso electoral.
