El Censo entre sombras
Gabriel Contreras Velázquez
Poco a poco el Censo de Bienestar sale de las sombras, donde ha estado operando desde octubre pasado.
El levantamiento de encuestas en hogares que carece de sustento normativo, y que se realizó de forma paralela en el periodo de “transición” administrativa, empieza a mostrar sus bordes agudos y sus claroscuros.
La información más enriquecedora para el debate público la ofreció el portal electrónico Animal Político: “Promotores del voto para AMLO en 2018, ahora censan y repartirán tarjetas del Bienestar”.
Una investigación de la periodista Claudia Altamirano, publicada este lunes 11 de febrero, con testimonios de una decena de Servidores de la Nación en seis estados.
Un día antes, el domingo 10 de febrero, Reforma publicó también sobre el tema en primera plana: “Reclaman sus pagos Servidores de la Nación”. Y el lunes 4 de febrero El Heraldo de México imprime otra nota más: “Dan contrato a los ‘siervos’ para Censo del Bienestar”.
En conjunto, la información apunta a precisiones generales: los Servidores de la Nación mayoritariamente son personas que participaron en las redes de defensa del voto de Morena en la pasada elección. No impera el trabajo “voluntario”, buena parte han recibido contratos y pagos por sus servicios, al menos en los meses de octubre y noviembre de 2018.
La cantidad que erogó el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador fue de hasta 3 mil 400 pesos mensuales por servidor. En total, la Coordinación de Programas Sociales de Desarrollo destinó 150 millones de pesos del “Fideicomiso de Transición” para poner en funcionamiento el Censo.
Gabriel García Hernández, coordinador de la estrategia nacional para promocionar y defender el voto de Morena en el proceso electoral recién concluido, se encarga de supervisar las funciones de los delegados estatales.
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De estas, la más importante hoy: concluir el levantamiento de encuestas para redefinir un padrón único de beneficiarios del Gobierno Federal, con el trabajo de las estructuras territoriales de Morena.
Después del trabajo electoral, en Morena prometieron a sus bases promotoras algún tipo de apoyo o empleo que resultó en la figura de los Servidores de la Nación.
Su primera tarea consistió en ayudar en la organización de la Consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, información que en Zacatecas negó -como acostumbra- la delegada Verónica del Carmen Díaz Robles.
Luego vino la consulta sobre 10 proyectos prioritarios, entre ellos el Tren Maya. En el inter realizaron el levantamiento del Censo de Bienestar, en donde los Servidores, con o sin contrato, recibían convencionalmente un pago por su trabajo en campo.
A partir de enero, y una vez instalada formalmente la Coordinación de Programas Sociales de Desarrollo, distintos Servidores reportaron falta de pagos y de contratos.
Es ahí donde la nota de El Heraldo de México se convierte en pieza clave: la Secretaría del Bienestar actualmente prepara un programa para otorgar 20 mil plazas de trabajo al personal del Censo.
“Ya hay una autorización para generar esta estructura… Ahora el presidente los está reconociendo como futuros servidores públicos y para generar unas nuevas asignaciones tanto presupuestales como programáticas [la Secretaría de] Hacienda tiene que hacer algún trabajo”, dijo el delegado de Programas Sociales en Veracruz.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exdiputado federal por ese estado, confirmó que, en su mayoría, los Servidores son militantes de Morena, que comenzaron el levantamiento de encuesta en hogares desde el mes de septiembre, y que a partir de diciembre “cada encuestador firmó un contrato en el que se le prometió un pago de tres mil 500 pesos por estos trabajos”.
Las declaraciones contrastan con lo que Gabriel García afirmó en diciembre sobre la posibilidad de ofrecer contratos a los Servidores: “Los puestos son lo de menos, es lo que no entienden muchos, pero se va a ir aclarando”.
La fecha fatal para concluir el Censo, y la razón por la que a distintos Servidores únicamente se les extendió contratos hasta noviembre, es que el equipo presidencial imaginó que antes de concluir el 2018 tendrían el nuevo padrón único de beneficiarios.
Sus redes de defensa y promoción del voto no otorgaron en la fecha. No era cierto que estas redes estuvieran fortalecidas y actualizadas, en el mejor de los casos apenas eran reconocidas en los municipios.
La cereza del pastel la coloca la nota de Animal Político. En los estados de Puebla e Hidalgo -y por la experiencia local en Zacatecas se corroboran los mismos datos- durante los eventos donde se presentó el presidente, los Servidores se encargaron de la logística: “colocan sillas, dan orientación, filtran el ingreso de las personas, forman vallas y apuntan a potenciales beneficiarios en las listas del Censo.”
En Zacatecas los Servidores incluso corearon porras para promover a David Monreal Ávila como gobernador. También lo promocionan durante sus recorridos diarios.
¿Rechiflas orquestadas desde el Gobierno Federal contra los gobernadores de Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y Zacatecas? No es un escenario descartable. Las similitudes apremian.
En conferencia del 21 de diciembre del 2018, el presidente aseguró que “si fuese Morena [quien realizara el Censo] estarían cometiendo un delito y se va a proceder, se acaba el partido de Estado”.
Los hechos apuntan claramente en esa dirección. La palabra del Presidente, sin embargo, hoy carece de certidumbre y confianza.
#Casualidades: El Senado de la República tiene hasta 20 días, a partir del 8 de febrero, para objetar el nombramiento de José Agustín Ortiz Pinchetti como titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.
La designación de Ortiz, exsecretario de Gobierno del Distrito Federal durante la administración López Obrador, y autor del libro: “AMLO: con los pies en la tierra”, debería de ser de particular interés para las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Soledad Luévano Cantú.
En entrevista para el noticiero de Carmen Aristegui Flores, el pasado 8 de agosto, Pinchetti advirtió que Andrés Manuel López Obrador “va a olvidar y perdonar” a corruptos e intentará establecer un “borrón y cuenta nueva” en este sexenio.
Y fue más allá al especular que habría “una excarcelación de personajes importantes”. Hace unos días un juez otorgó libertad condicional al exgobernador Guillermo Padrés Elías, después de que éste solicitará ayuda a López Obrador.
El “Punto Final” que propone Andrés Manuel tendría similitud con la política de gobierno que impulsó como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, en donde “no se metió con nadie, pero tampoco toleró la corrupción”, dijo su amigo y excolaborador.
Ortiz Pinchetti entonces calificó en el error al gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado, pues “perseguir” a César Duarte Jáquez “le quita recursos y energías que deberían de estar destinados al gobierno”, en comparación con la política de perdón al pasado que caracteriza a López.
El tiempo corre para que las senadoras pidan al pretendido fiscal electoral, una postura con respecto al “Punto Final” y su percepción de la lucha anticorrupción como una pérdida de energías. Aquí estaremos esperando sus pronunciamientos.
