Resuelve INE 491 quejas en materia de fiscalización
Ciudad de México.- Al resolver 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización, de los cuales 40.9 millones de pesos se impusieron al Verde Ecologista de México y más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano.
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que nunca en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas, de las cuales derivan diversas sanciones.
Llamó a las fuerzas políticas “a erradicar esas trampas administrativas” y a que “con nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la sustentabilidad de la democracia en los próximos años”.
Lamentó que, pese a que se han invertido recursos para capacitar a partidos políticos para que erradiquen conductas que impiden la transparencia y la rendición de cuentas, “siguen queriendo engañar a la autoridad electoral y mentirle a la sociedad mexicana.”
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, señaló que se analizaron 491 proyectos de quejas y procedimientos administrativos sancionadores, 319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos; 55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente.
Entre las quejas que se analizaron, la autoridad electoral impuso sanciones por más de 80 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, así como al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.
En un primer caso, el Consejo General del INE determinó que hubo aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú (esposa del entonces candidato), estimadas en 27 millones 800 mil pesos.
Y en el segundo, acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
La sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy gobernador Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.
La Consejera Favela precisó que, en el caso de Mariana Rodríguez, esposa del candidato, además de influencer, tiene la calidad de persona con actividad empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la campaña “en dinero y en especie”.
Agregó que se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto en su favor, promovió y abanderó propuestas de gobierno, además de que “hizo suya la campaña”, lo que generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no puede estar amparada por la libre expresión.
En el caso de la triangulación de recursos, “se acreditó una estrategia financiera que involucró a tres personas morales, a los familiares del candidato y al partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de triangular recursos para que a través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral”, agregó Favela.
La Consejera agradeció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la disposición de brindar la información esencial para dilucidar la presente controversia.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, se refirió al caso de las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez en favor de Samuel García y precisó que el objeto de la discusión es si se trata o no de una aportación en especie que debía reportarse y si proviene de un ente prohibido por la legislación electoral, “no si hay una relación de parentesco, afectiva o de solidaridad entre las dos personas”.
Recordó que el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que quienes no pueden hacer aportaciones gratuitas en especie son las personas que tengan actividades mercantiles o profesionales otorgadas de manera gratuita.
El Consejero Ciro Murayama aseguró que la relación personal no es parte de la ley electoral, por lo que debe quedar fuera de la discusión, ya que el propio Reglamento de Fiscalización establece con claridad la imposibilidad de que una persona con actividad empresarial aporte a la campaña su negocio, por lo que el candidato estaba obligado a reportar y contabilizar estas aportaciones.
No cuantificar el apoyo de la esposa del candidato sería atentar contra el principio de equidad en las contiendas, sostuvo la Consejera Claudia Zavala, “no se trata de cuestiones de afecto, ni de amor, ni de solidaridad, ni de relaciones maritales, este asunto tiene que ver con las reglas de fiscalización para campaña”.
Enseguida, la Consejera Carla Humphrey recordó que el motivo de la queja es sobre las aportaciones en dinero o en especie: “el debate jurídico se trata de determinar primero, si una persona física con actividad empresarial puede o no aportar dinero en recursos o en especie a un partido político, y la respuesta que señala nuestro reglamento es que no”.
No acompañan el proyecto
El Consejero José Roberto Ruiz no acompañó el sentido del proyecto pues, desde su perspectiva, es “entendible y esperable” por parte de una esposa apoyar a su pareja, no se da cuenta de lo que conlleva la figura e institución del matrimonio y sólo se da el estatus de marca a la persona.
Tampoco acompañó el proyecto de resolución la Consejera Dania Ravel, quien recordó la sentencia del Tribunal Electoral que en 2018 determinó que no había manera de calcular un monto de costo-beneficio entre Samuel García y Mariana Rodríguez, al asumirse como pareja. Pedirle un comportamiento distinto a la esposa del antes candidato, “implicaría una limitante a la libertad de expresión”, aseguró.
Se advierte triangulación orquestada de recursos de entes prohibidos que recibe MC
Respecto a las aportaciones en dinero que recibió Movimiento Ciudadano de tres familiares en primer grado de su candidato Samuel García, el Consejero Jaime Rivera detalló que las indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización acreditaron que los 14 millones de pesos “lo recibieron previamente un día antes, o el mismo día, de dos empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos”.
Se trata, dijo, de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un partido por parte de entes prohibidos por la ley.
La Consejera Carla Humphrey expresó que acompañaría el proyecto “porque denota la organización de un modelo de financiamiento ilegal, simulando aportaciones lícitas a través de personas físicas, cuando las aportaciones tienen su origen en personas de carácter mercantil” que son entes prohibidos en la ley electoral; sin embargo, anunció la emisión de un voto concurrente, pues consideró que el proyecto no era suficientemente exhaustivo al no resolver sobre el destino de los recursos obtenidos a través de la triangulación acreditada.
Sancionan al PVEM con multa de 40 millones 933 mil 568 pesos
En el caso de una queja en contra del Partido Verde Ecologista de México, se le sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por el periodo de un año, a partir del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 personas denominadas influencers el día de la Jornada Electoral.
Se acreditó que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.
Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.
Al respecto, la Consejera Claudia Zavala aseveró que “el Partido Verde es reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la ley”, por lo que justificó la severidad de la sanción. “Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, abundó.
El Consejero José Roberto Ruiz consideró que la sanción debe ser severa, la económica es la adecuada, pero no encontró “ningún sentido, justificación o sustento a la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión”.
El Consejero Martín Faz sugirió una modificación del proyecto para referirse al “periodo ordinario”, en lugar del “tiempo federal asignado” en la sanción del proyecto.
La Consejera Dania Ravel destacó la importancia del periodo de reflexión, también conocido como veda electoral, pues su finalidad consiste en “generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto”, al no respetarse este periodo se puso en riesgo la equidad en la contienda.
Asimismo y, a propuesta del Consejero Ciro Murayama, se avaló por nueve votos a favor y dos en contra, regresar una queja en materia de fiscalización en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y su otrora candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no escindir la causa de dos quejas más en contra de la misma persona y cuyas investigaciones no se han concluido, para que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey manifestó estar de acuerdo con el proyecto y la propuesta de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues consideró que con las conductas denunciadas se ponía de manifiesto una estrategia propaganda a favor de un partido político en clara contravención a la ley, de la cual ya había antecedentes, aunado a que las conductas podrían ser constitutivas de delitos.
Destacó el apego de los influencers a una guía o procedimiento en cuanto a sus publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales guardaban alto grado de similitud.
Reconocen trabajo de la UTF
Adriana Favela agradeció a la Unidad Técnica de Fiscalización su compromiso y trabajo en la resolución de estos asuntos, así como a todas las personas asesoras de las consejerías, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia del Consejo General por todo el apoyo para realizar el análisis de los proyectos y formular las observaciones o fortalecer la argumentación.
La Consejera Norma De la Cruz y los consejeros José Roberto Ruiz y Jaime Rivera, así como representantes de partidos políticos reconocieron también el trabajo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y de la misma Comisión.
“La tarea de fiscalizar no es menor y lleva a la autoridad a enfrentarse con diversas incidencias que debe atender y resolver contra reloj con la mayor diligencia, objetividad e imparcialidad”, destacó De la Cruz.
Se trata, dijo el Consejero Rivera, de una tarea que “involucra un número enorme de casos, de información y de circunstancias que tienen que analizar para resolver”.
“Es justo hacer un reconocimiento por los trabajos realizados con el máximo profesionalismo”, aseguró. Rivera también reconoció a los cientos de funcionarios del INE que participaron en el análisis y la resolución de estos casos, que se realizó con “imparcialidad, objetividad y garantizando el derecho de audiencia”.
