Aprueban reforma de vivienda digna

Texto: Crew Átomos

Foto: Cortesía

Ciudad de México. Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas al artículo 123 de la Constitución con el objetivo de establecer un sistema con orientación social para que las y los trabajadores puedan remodelar, rentar o adquirir una vivienda con financiamiento accesible.

Con ello, se permite que el Infonavit pueda construir y arrendar viviendas bajo condiciones sociales, “no va a imperar la ley del mercado o de lucro o de la utilidad, lo que se pretende es darle a las mexicanas y a los mexicanos la posibilidad de la seguridad de una vivienda y, hacerlo en condiciones económicas y financieras accesibles”.

La reforma al artículo 123 constitucional plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se tiene que cumplir mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.

Dicho fondo, añade el dictamen, establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para su adquisición o mejora, para la obtención de suelo o para la construcción de vivienda, en los términos que fije la ley.

La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. Además, precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.

Por último, determina que, en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; también, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.