Senado aprueba que Pemex y CFE vuelvan a ser empresas públicas

Texto: Crew Átomos

Foto: Cortesía

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para precisar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas “públicas’’ del Estado.

El decreto establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, la CFE, cuya esencia es “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.

También se introdujeron cambios a fin de prever que las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en áreas estratégicas como, entre otras, “litio’’ y “servicio de Internet’’, no constituirán monopolios.

Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado establecida.

Aprueban reforma de vías férreas

Asimismo, el Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional por medio de la cual, el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las líneas férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros y otorga a los ferrocarriles, tanto para el traslado de personas como de carga, la categoría de prioritarios para el desarrollo nacional.

Ampliar el uso de las vías férreas a ese transporte no sólo responde a una necesidad de movilidad más eficiente y sostenible, sino que es una política de estado que beneficia a todos los mexicanos, enfatizó.

El dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados fue aprobada por 123 votos de todas las fracciones parlamentarias. El documento fue remitido a las legislaturas estatales de inmediato y por todos los medios posibles, incluidos los electrónicos, para su análisis y votación.

Las reformas fueron enviadas a los congresos locales. Se requiere que al menos 17 legislaturas la aprueben para que pueda ser publicada en el Diario Oficial y entre en vigor.