julio 20, 2019
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Morena quiere el control de los institutos electorales.

Gabriel Contreras Velázquez

La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales era un producto en antesala de consumarse. Las viejas rencillas, o “viejos agravios” en la juerga presidencial, arrastraron el humor en contra de los institutos autónomos en los estados, quienes vieron echada su suerte de la pasada elección a gobernador en Puebla.

En San Lázaro el llamado fue muy claro: se revisarían desde las facultades hasta la propia existencia de los OPLEs, a fin de evitar actuaciones “facciosas” de sus integrantes. Horacio Duarte Olivares, exrepresentante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el INE, alertó el pasado mes de septiembre del escenario que se avecinaba.

Aseguró entonces que los legisladores federales buscarían los tiempos para una próxima reforma electoral “que revise la actuación de las autoridades locales. Hay quienes han planteado pasar al modelo único, desaparecer los organismos locales y entregar todas sus facultades al organismo nacional”.

Horacio Duarte no mentía, pero tampoco hablaba con claridad. La desaparición de los institutos electorales en los estados era una decisión tomada desde antes. En Morena tan sólo se esperaban los tiempos propicios para llevar al pleno la próxima reforma que transformará el modelo electoral nacional.

Una de las motivaciones principales de Duarte Olivares era la supuesta intromisión de los gobiernos estatales en los órganos autónomos, misma que calificó como “no formal” pero que resultaba “evidente que estando en el cargo los consejeros e, incluso los magistrados electorales locales, siempre son sujetos de presión política”.

Dos fuentes que conocieron de la propuesta de reforma aseguraron a este espacio en aquellas fechas que, debido a la intensidad de la agenda legislativa previa a la toma de posesión del nuevo presidente de la república, la reforma electoral con miras a la centralización de las elecciones sería presentada hasta el siguiente periodo ordinario (o sea, el actual).

En los hechos, en la oficina del diputado Horacio Duarte ya arrastraban el lápiz con miras a generar un primer diseño legislativo de la iniciativa de reforma. El fichaje del mexiquense al Gobierno Federal, encargado ahora de la subsecretaría de Empleo, obligaron a continuar con la empresa alejado de los pasillos de la Cámara Baja.

Sería su suplente, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien se encargaría de apadrinar y proteger la propuesta legal que por fin fue presentada ante el pleno el pasado 6 de marzo. De la retórica acerca del uso “faccioso” de los órganos electorales no quedó rastro alguno en el proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Constitución.

Conforme a la redacción del proyecto, la Cuarta Transformación no sustentó la desaparición de los OPLEs debido a las presiones políticas que antes acusaron. Ahora el acuerdo respaldaría su argumento principal en los costos que representan los organismos autónomos para las finanzas de los estados.

Reza en el documento: “¿Podemos tener procedimientos e instituciones electorales menos onerosos, que a la vez sean efectivos y confiables?

“Consideramos que sí, y que la tendencia del Estado Mexicano debe dirigirse hacia esas premisas en todos los ámbitos del servicio público, por ello, el espectro electoral no debe quedar fuera de la exigencia social de que el gasto público sea lo más austero posible.”

La probable duplicidad de funciones entre los órganos locales y el nacional, que nació en la reforma 2014 cuando el Instituto Nacional Electoral comienza a centralizar las directrices administrativas de los OPLEs, así como el dispendio oneroso de los institutos estatales (especialmente en años no electorales) son los dos fundamentos para imponer la austeridad republicana de elecciones.

La Regeneración Nacional, además, no desaprovecharía el peso de sus mayorías legislativas. La “desaparición” de los organismos autónomos locales no será definitiva, sino que daría paso a la creación de nuevos “consejos locales” dependientes del INE, pero (siempre hay un pero) ahora electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, y no por la autoridad nacional.

“Los consejos locales, adicionalmente a las funciones que tengan respecto de las elecciones federales, serán los encargados de organizar las elecciones locales, en los términos que establezca esta constitución, las leyes generales y locales correspondientes.”

Por ello, se propone también “que las entidades federativas asuman la parte del costo correspondiente a la elección local (como sucede en la actualidad) aparte de los gastos adicionales (menores) que se podrían derivar de la implementación de la elección en las entidades, únicamente en el año que corresponda”.

Se crea también la figura de “súper secretario” o Secretario Ejecutivo Local mismo que será designado por el Consejo General del INE, y fungirá también como delegado en la entidad federativa para efecto de las competencias en materia federal.

Estas son las nuevas premisas del sistema electoral mexicano en la era “post-neoliberal” de la Cuarta Transformación. En esencia nos acercamos a un reordenamiento de poder en los estados, maquillado de reforma “pro-austeridad”.

#Casualidades: Sin pruebas fehacientes y desde el púlpito de “las mañaneras”, el pasado 18 de febrero la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, dispersó información no corroborada sobre la muerte de una menor en una Estancia Infantil del municipio de Sombrerete.

Empoderada por los reflectores, la secretaria aseguró que de la revisión del “protocolo de identificación” que provocó el deceso de una menor de edad arrojó que la “dueña” de la estancia se dio a la fuga después del percance.

Sin responsabilidad legal en el percance debido a que no existían convenios actualizados con las Estancias Infantiles para el 2019, Albores González se aventuró en un tema que estaba fuera de su esfera de responsabilidad.

Usuarias de los servicios de la guardería “Colorines” consultadas por este espacio, aseguraron que la propietaria únicamente se ausentó esa misma tarde debido al choque emocional que recibió después del lamentable acontecimiento.

Sin embargo, fueron los familiares de la titular de la estancia “Colorines” quienes mantuvieron contacto con los padres de la menor. Fue de esa manera que la Estancia se hizo responsable de una parte de los gastos después del deceso, como lo consignó la Fiscalía del Estado en su boletín del pasado 16 de febrero.

Un par de días después la titular se reincorporó a sus actividades y a la fecha sigue otorgando el servicio de manera regular, incluso después de haber sido acusada por María Luisa Albores de ser dueña de dos estancias infantiles, lo cual también resultó ser falso.

Actualmente, alrededor de 190 centros de atención de menores en Zacatecas tramitan amparos que logren suspender las nuevas reglas de operación. Los antecedentes son favorables para las quejosas. El ridículo es nuevamente para la 4T.

Twitter: @GabrielConV

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